22 julio 2007

24.Modelo unilateral versus modelo coparticipativo


Do ut des, do ut facias

¿Orientación o modelo socio - laboral del actual gobierno o del
partido que lo sustenta? No semeja tal virtualidad.

En el ámbito de la co-gestión de la amplia y global siniestralidad y
riesgos laborales sus esfuerzos se agotan en proclamas y brindis al
sol, fútiles y de poco calado real, de escasa solidez y lábil
sustancia. No en vano se continúa con un modelo unilateral, volcado al
empleador, en la figura de las Mutuas de Accidentes Profesionales y
Enfermedades Profesionales, por lo que su parcialidad es de evidencia
tautológica. Se renuncia al avanzado modelo alemán, en el que hay una
participación e implicación trinas: -Administración laboral, empleados y empleadores-.

La positividad y los resultados de su modelo requieren
de epígonos, pongámonos a ello.

Y puestos a ello ¿por qué se mira para otro lado en materia de Prevención
de Riesgos Laborales?, ¿Será que las cuotas cotizadas para AT y EP se
generan para el tratamiento reactivo y no para el preventivo de
tales contingencias? O, ¿puede ser que no haya sopas para mojar como
se hace urbi et orbe con las cuotas de formación?, ¿Es en verdad, éste
el verdadero y único motivo de la desidia sindical, en este campo
prioritario?

Reiniciando el leit motiv, ¿do el talante socio-laboral al uso?, ¿En el abracadabra de los 2.500 euros?.

Por Jaime Tornero

17 julio 2007

23.Ayudas ¿a la infancia?

Deducción o prestación no contributiva por nacimiento o adopción.

A partir de ayer se pueden comunicar los datos que darán lugar al cobro de 2.500 euros por el nacimiento o adopción de hijos.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes día 13 de julio el anteproyecto de Ley de pago único por nacimiento o adopción. Se remite para su tramitación en calidad de proyecto de ley por el Congreso de los Diputados en primera instancia, y sin conocer de antemano si se aprobará y en que términos por el legislador. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social inician acciones administrativas a efectos de comunicaciones, una vez más, -dichosa desidia administrativa-, a instancia de parte. ¿Para qué el principio de coordinación administrativa consagrado en la Constitución Española de 1978 y, el servicio con objetividad a los intereses generales? ¿Es un manto político para ensalzar los logros y extensión de mejoras sociales por parte de un gobierno en la práctica en funciones? Si non é vero é ben trovato.

Sin entrar en disquisiciones sobre la discriminación de las familias de los nacimientos o adopciones pre - 3 de julio, que se da; el debate de fondo reside en postular si por la única consideración de encuadrarse en el colectivo infantil de España se debe tener derecho a una prestación general para subvenir a las necesidades y dispendio vitales en esa etapa. Esa sería política social para la infancia. Tal cual se da para otros colectivos: prestaciones no contributivas, salarios o rentas de integración social, subsidios asistenciales para personas desempleadas, subsidios de integración social de discapacitados, etcétera.

Sin olvidarse de servicios y otras prestaciones sociales para la infancia, verbigracia personal cuidador, centros de guarda y educación, gratuidad de medicamentos, vacunas y suplementos y, otros elementos farmacéuticos, (un especializado colectivo profesional del área se salud injustamente ignorado, y asimilado a dependientes, dicho sea con el mayor de los respetos), y reducción de la fiscalidad en productos infantiles: pañales, bálsamos, chupetes, etc.

No olvidemos que somos, o dicen que somos, la octava economía del mundo, por delante de Canadá en PIB. Que nos vanagloriamos de alcanzar el 100 % de la renta media de la Unión Europea. Se nos olvida que en prestaciones sociales nos quedamos por debajo de los 2/3 de su media.

Toda España estaría de acuerdo en que nuestra infancia se lo merece. Pero cuando está en esa etapa infantil, que no es eterna, y que no puede esperar décadas para recibir, como colectivo más vulnerable, la ayuda y atención social que precisa y para la que hay dotación y margen presupuestario sobrado. Es de justicia. Ayudemos a la infancia para ayudarnos.

Leamos más a teóricos del bienestar, y menos a consejeros de la gran banca. Esos ya se autoayudan, la infancia no puede.

Por Jaime Tornero

13 mayo 2007

22.Los incumplimientos en materia de salud laboral y su publicación

La inobservancia por parte del empresario de la normativa en materia de salud laboral, constituye también un incumplimiento de sus obligaciones contractuales ya sea respecto de los funcionarios o del personal laboral a su servicio. De aquí hay que analizar si de la responsabilidad que el empresario tiene en la materia, al haber incumplido las normas de aplicación, se derivan culpa o negligencia, en cuyo caso, también existiría incumplimiento y responsabilidad extracontractual compatible con aquella.

Como todos sabemos, la ley dice que el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, debiendo adoptar las medidas de prevención adecuadas y necesarias cada vez que se modifiquen las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Ello viene a suponer que desde el inicio de la relación laboral, debe hacerse una evaluación de los riesgos, siendo revisados los mismos periódicamente y cada vez que se modifiquen las circunstancias.

Si de las revisiones periódicas o por cualquier otro medio, se conoce la existencia de una patología que pueda incidir en la realización del trabajo, el empresario deberá garantizar de manera específica la protección de los trabajadores de quienes se conoce tal sensibilidad concreta, no pudiendo emplearles en aquellos puestos de trabajo que incidan en su dolencia o característica personal. El incumplimiento de esta obligación del empresario está tipificado como falta muy grave; las sanciones derivadas de la comisión de infracciones muy graves, se harán públicas, con indicación de la falta cometida, sanción impuesta, datos de la persona física o jurídica responsable, etcétera; asimismo, todos estos datos se incorporarán a un registro de consulta pública habilitado en las Administraciones competentes.

El mejor control de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, deberá hacerse desde dentro de la propia empresa, sin temor a represalias toda vez que, existen cauces para hacerlo sin mediar la identificación de la persona que ha detectado la irregularidad o fraude sobre la salud de los empleados.

Salvo mejor parecer.

Baldo

14 marzo 2007

21.El concepto de salud en el trabajo

Salud laboral es el estado de normalidad en el ejercicio de las funciones laborales. El concepto de salud laboral desde el punto de vista legal se refiere a la integridad de la trabajadora o del trabajador en su aspecto físico y mental y, para el mantenimiento de su estabilidad abarca un amplio ámbito de control dentro de la prestación de trabajo con motivo y con ocasión de tal prestación, protegiendo a los individuos de todas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas en su relación laboral y como consecuencia de la misma.

Hablamos por tanto de la integridad del trabajador o de la trabajadora en el puesto de trabajo, respecto de las tareas a desempeñar y en un adecuado ambiente psicosocial.

06 marzo 2007

20.La Presidenta del Constitucional - Dña Emilia Casas Baamonde - Inaugura la IV Convocatoria de la Escuela Práctica Profesional Alonso Olea

(Información del Consejo General de graduados sociales)

El día 1 de marzo a las 19.00 horas tuvo lugar en el emblemático Palacio de Linares, actualmente Casa de América, el acto de inauguración de la Escuela Práctica Profesional Alonso Olea que organiza el Consejo General de Graduados Sociales de España, presidido por Dña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional y al que acudieron representantes de la Magistratura, Universidad, Administración, Miembros de la comisión Permanente del Consejo, Presidentes de Colegios de Graduados Sociales y los alumnos de la actual edición de la Escuela Alonso Olea.




Este Consejo General a través de su Escuela otorga 17 becas a los mejores expedientes académicos de alumnos que han finalizado sus estudios a lo largo del año 2006, que consiste en la realización de un curso en Madrid con la presencia de un excelente y privilegiado claustro de profesores, además de una aportación económica de 1500 € por persona, para los gastos de desplazamiento y alojamiento.

El programa que es eminentemente práctico, se imparte por Graduados Sociales, Magistrados del Tribunal Supremo, Catedráticos y Técnicos relacionados con el mundo del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.





En el transcurso del acto pudimos escuchar la magnífica conferencia de D. Germán Barreiro González, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León que bajo el titulo “El Maestro Manuel Alonso Olea” acercó la emblemática figura de uno de los profesores que más huella han dejado en el complejo mundo de las Relaciones Laborales.

Dña. Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Constitucional y discípula del Profesor, alabó no sólo la trayectoria profesional que calificó de “sencillamente excepcional” sino que describió el lado más humano y personal del insigne profesor.

Quiso hacer especial hincapié, en la evolución que en pocos años ha experimentado esta profesión: “Pocos colectivos han adquirido en un periodo tan corto el grado de reconocimiento que tienen las Instituciones hacia el Graduado Social”, considerándolo como el verdadero especialista en el Derecho del Trabajo.





D. Javier San Martín, Pte del Consejo General de Graduados Sociales, destacó que en la actual sociedad se exige un alto grado de profesionalidad que solamente se puede adquirir con una continua formación ya que la única diferencia que se establecerá entre unos profesionales y otros, es y será su especialización y profundo conocimiento de las materias objeto del desarrollo de nuestro trabajo.

Esa profesionalización, es también nuestro sello de garantía, y servirá de pasaporte hacia la consecución de nuestras aspiraciones, siendo elemento fundamental, para poder demostrar que lo que se reclama es algo justo y necesario que beneficiará al conjunto de la sociedad a través de una correcta aplicación de la Administración de Justicia.





D. Joaquín Merchán Bermejo, Director de la Escuela agradeció a todas las autoridades presentes su asistencia en dicho acto, pero resaltó que los verdaderos protagonistas de la jornada son esos 17 alumnos que por su brillante expediente académico han conseguido tener un merecido hueco en este proyecto, asimismo agradeció al claustro de profesores su participación, siendo sin duda, parte primordial del prestigio de esta Escuela.


12 febrero 2007

19.Víctimas de Mobbing, ¡denunciad!

Xunta de Galicia, sindicatos y coletivos de afectados coinciden en destacar como "alarmante" el incremento de casos de acoso laboral -mobbing- detectados en Galicia en los últimos años.

Más de 400.000 gallegos son víctimas del mobbing, un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares así lo dice; entre sus conclusiones revela que el 15% de la sociedad sufre acoso, con un claro aumento frente al 11% del año 2001.

La Directora Xeral de Relacións Laborais, Pilar Cancela reconoce que la situación es realmente preocupante.

En una situación de mobbing la víctima suele tener una sensación de indefensión mientras el acosador goza de total impunidad, ya que la presión de acoso, que puede ser física o psicológica o ambas al mismo tiempo, a la que el acosador somete a su víctima hacen que de un lado el primero se crezca y se envalentone al ver que el efecto que causa en su presa es intimidatorio y el segundo, por el efecto de esa presión abusiva va sufriendo un deterioro progresivo de su estabilidad mental que repercute en la física; se convierte en un ser temeroso, bajo en autoestima y por consiguiente muchas veces incapaz de tomar por si mismo, una decisión de freno a la situación, denunciándola, ya bien por temor al acosador, a la pérdida del empleo, a la vergüenza cuando es una cuestión de acoso sexual, etcétera.

En la mayoría de los casos es muy difícil, reunir pruebas, contar con el apoyo de los compañeros para que testifiquen y en el resto de las ocasiones, la persona acosada está o suele estar tan dañado psicológicamente que le es muy dificil afrontar un juicio.

El deterioro a que puede llegar el maltratado es tan importante a nivel de equilibrio mental como que este no afecte a su sistema inmunológico que se reflejaría en un progresivo deterioro físico.

Hay que distinguir el acoso laboral de cualquier otro tipo de situación en la que el trabajador se puede encontrar en el ambiente y el desempeño de las funciones asignadas en su trabajo; como son diferencias de carácter, discrepancias de criterio en cuanto al modo de realizar las tareas en el que puede haber una empatía recíproca o no darse esta circunstancia.

Detrás de una situación de acoso laboral hay una planificación y reiteración continuada por parte del acosador hacia la acosada; esta se lleva a cabo partiendo primero desde una falta de respeto grave que se convierte en humillación, menosprecio, abuso de poder, etc., que puede manifestar de muy diversas maneras negativas, tanto verbales (insultos, gritos..., avergonzándolo delante de los compañeros) y/o físicos.

El perfil del acosador/a es el de una persona prepotente, en muchas ocasiones sin la formación y preparación de la víctima a la que acosa, y que, en muchos casos para mantener la hegemonía que tiene en la empresa por temor y complejo, adopta una actitud autodefensiva y reacciona agresivamente ante su o, sus víctimas.

La forma en que la lleva a cabo es calculada, alienante ya que aísla a la víctima de los demás compañeros quienes, por temor muchas veces o, por autoprotección no hacen nada ante las contínuas muestras abusivas hacía la compañera/o aunque lo estén viendo.

El perfil de la víctima es el de una persona muhas veces más cualificada que su agresor, apocopada en muchos casos, y que, por diferentes motivos es reacia a denunciarlo o lo hace cuando ya la situación es insostenible y se siente muy dañada psicológicamente.

Las personas objeto de este tipo de acoso pueden denunciar su caso por la vía judicial o ante la inspección de trabajo. Sin embargo aparte de la dificultad de aportar pruebas se encuentra con que no hay a día de hoy, un apoyo coordinado por parte de la administración efectivo y rápido.

Esto provoca que solamente el 10% de las denuncias por mobbing en la Comunidad lleguen a juicio, según dice el Presidente de la Asociación gallega contra el Acoso moral en el Trabajo, Antonio París.

Es una labor de responsabilidad que nos atañe a toda la sociedad, las trabajadoras y trabajadores como compañeros; los sindicatos como colectivo; la justicia (fiscalía) como marco de convivencia que regula los comportamientos humanos y el Gobierno gallego como representante autonómico responsable y coordinador de diferentes instituciones en materia de salud laboral y trabajo.


Dolores Sánchez Monclova

09 febrero 2007

18.¿Campaña de elecciones?

Desde CC.OO se afirma (Periódico gratuito "Luns a Vernes" 06.02.2007) que la liberalización del servicio postal será muy negativa en el rutal gallego, que esta iniciativa a la que el Gobierno español se sumó junto a la de los gobiernos de Suecia, Finlandia, Alemania y Holanda tendrá graves repercusiones en la prestación del servicio público que definen como "derecho universal del ciudadano".


Afirman que los concellos rurales de Galicia con menos de 5.000 habitantes se verán especialmente afectados, ya que, según el responsable estatal del sector postal de CC.OO Regino Martín, porque serán las que no va a querer atender nadie.

Pero la verdadera realidad de estas afirmaciones es bien distinta.

De todos es bien conocido que hoy nada es lo que parece o debería ser; detrás de algunas de estas afirmaciones hay intereses radicalmente diferentes y opuestos a los intereses generales que al mismo tiempo defiende este sindicato cuando afirma que hay que ir con los tiempos y adaptarse a los cambios, pero por otra pare se olvidan del interés general que conlleva nuestra vinculación al mercado europeo y no sólo en el ámbito comercial sino también laboral; la iniciativa del Gobierno español sumándose a la de los gobiernos de esos países lo fue en aras del progreso que supone la competencia, no podemos ni debemos quedar descolgados de Europa.

Por otra parte, la actual empresa postal estatal de la que nos habla el Sr. Regino está constituida con la denominación Sociedad anónima estatal desde el año 2001 y la nueva regulación de condiciones de trabajo respaldada por la nueva sociedad y los firmantes representantes sindicales (CC.OO, UGT y CSIF) significó un duro y claro retroceso de los derechos de los trabajadores; derechos que se habían consolidado a lo largo de muchos años de lucha sindical, por sindicalistas íntegros, y que, de un plumazo estos representantes echaron por tierra apostando por un Acuerdo retrógrado en materia de derechos; y me pregunto, ¿si no representan los intereses generales del servicio postal respetando el marco europeo en el que estamos?, ¿si no representan los intereses de quienes les han legitimado para ser representados, los trabajadores, que demandan empleo estable y de calidad?, ¿A quién representan pues?, ¿Qué intereses tienen en verdad?.

No vale justificarse de que en aras del cambio estructural y organizativo de la empresa y del cambio socio-económico del mundo en continuo movimiento en el que vivimos hay que adaptarse como sea; es razonable la transformación pero siempre que sea progresista y no genere la pérdida de derechos básicos de los trabajadores, y aunque no hay que olvidar que hoy en día el campo de batalla del empleo se lleva a cabo en las mesas de negociación, no por ello deja de tener razón de ser que cada uno está donde está, o debería ser así, siempre sabiendo que las espectativas y los intereses son legítimamente distintos y nuestros representantes como trabajadores son los sindicatos, ellos deberían ser nuestra voz en las mesas de negociación. Es lo que esperamos y demandamos.

Bajo ningún pretexto se puede firmar primero y defender después, como se ha hecho, cláusulas que van no solo contra derecho e intereses sino contra la misma esencia del sentido de la Justicia, como en el caso de que el despido sea improcedente siendo culpable el empresario, por fraude de ley demostrado que implica mala fe por quién lo comete, transgresión de la ley y, que si el trabajador denuncia una situación ilícita no sólo no se le castiga a la empresa sino que instantáneamente el trabajador pierde su empleo y se va a la calle como si el delincuente hubiera sido él; con lo cual se entiende que si está en una situación de fraude cometido por la empresa o, consiente tácitamente el acto, bien por temor a la represalia que supondría perder su puesto de trabajo o, si lo denuncia no encuentra el respaldo de este sindicato ya que ha firmado una cláusula que claramente va contra el trabajador, contra el espíritu de la ley y contra la garantía de indemnidad y el sentido de la justicia, cuya consecuencia es la de que el trabajador quedaría en situación de despido y sin poder ser readmitido.

¿Y estos son nuestros representantes?


Dolores Sánchez Monclova

07 febrero 2007

17.Sismo laboral

Los trabajadores de la recogida de basura de Mos, el personal administrativo de la Universidad y de servicios inicia movilizaciones y paros por desacuerdos sobre demandas del Convenio Colectivo; el Gobierno Central asegura que, a día de hoy, no existe un acuerdo para la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de minas de carbón gallegas, a todo ello se une un nuevo muerto en un accidente laboral, F.R.P. de 54 años; y, mientras tanto por parte de los agentes sociales y económicos se firma el primer acuerdo por el empleo de Galicia que pretende avanzar en la generación de empleo en un horizonte de estabilidad, según el Presidente de la Xunta de Galicia señor Touriño. En este mismo horizonte la oferta para los nuevos funcionarios de "como mínimo mileuristas" conciliando la vida familiar y laboral en la mayor empresa del Estado, a la que paradójicamente se calcula que el 60% de aspirantes son mujeres de entre 26 a 35 años la mayoría, para las cuales es muy difícil en las actuales circunstancias del mercado laboral que sea posible la tan referida conciliación.

Estamos ante el Ying y el Yang de nuestra realidad socio-laboral, de un lado inestabilidad, recortes de plantilla en los acuerdos y convenios y de otro, la pretensión de la estabilidad en el planteamiento de pactos para que se generen nuevos empleos en un horizonte de futuro. Ante estas perspectivas no es de extrañar que el número de autónomos siga incrementándose en Galicia, que registró un aumento del 2,32 % en el número de inscritos en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia durante el pasado 2006.

Dolores Sánchez Monclova

06 febrero 2007

16.¿La necesaria comunicación de la convivencia de hecho?

En la calle en las últimas decadas, la ciudadanía ha ido dándole forma a lo que las relaciones de pareja son hoy, en cierta manera distintas que otrora, al menos desde la perspectiva del pueblo que en definitiva es quién, a la postre sienta la normativa y el derecho o, en nombre de quién lo hacen otros.

Se dan circunstancias en las que una pareja consagrada por los rituales religiosos y debidamente formalizada por los trámites jurídicos, aún sin mantenerse de facto viva y activa, estando desvinculada como tal; mantiene sin embargo todos los derechos legales respecto de la viudedad si se diera el caso. Así ante un supuesto en el que ambos miembros de la pareja cuyo matrimonio fue formalizado legalmente y que, durante veinte años vivan separados entre sí y a su vez cada uno de ellos conviva con un tercero, tendríamos que al fallecer cualquiera de ambos generará derecho a la pensión de viudedad pues reúnen el requisito de permanecer el matrimonio inscrito debidamente y, aún en el supuesto de no estar inscrito debe presumirse existe la voluntad de mantener el vínculo, toda vez que no han decidido separarse judicialmente.

Por el contrario nos viene de perlas centrarnos en los hechos que paso a describir: Un matrimonio decidió separarse judicialmente, si bien continuaron manteniendo vida en común durante años pero, no comunicaron al Juzgado la reconciliación ni tampoco decidieron anotar como rehabilitado el matrimonio en el Registro Civil.

Fallecido el varón, la que había sido su esposa y también su compañera de hecho solicitó pensión de viudedad; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció la misma en porcentaje acorde al tiempo de convivencia matrimonial (desde la celebración formal del matrimonio hasta la separación judicial). La mujer reclamó el tiempo que convivió de hecho con su ex-marido siéndole denegada su solicitud; llevado el asunto a juicio, el Juzgado de lo Social dictó sentencia reconociéndole todo el período de convivencia incluido el extramatrimonial como pareja de hecho.

El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) recurrieron la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión del Juzgado de lo Social. Si bien, recurrida también esta última por el INSS y la TGSS, ahora el Tribunal Supremo, falló en contra anulando las sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia, en base a que la continuación de la convivencia debió haberse comunicado al Juez Civil pues para el alto tribunal, la situación de hecho sin ser comunicada carece de la debida acreditación de la situación familiar que, sin embargo se produce aún cuando el matrimonio se celebra en forma pero sin inscripción dado que en tal caso, dice el Tribunal Supremo, existe voluntad de establecer el vínculo inequívocamente. Por lo que la situación de hecho debió de ser comunicada.

Baldo.

31 enero 2007

15.¿Cambiará de criterio nuestro Tribunal Supremo?

Nuestro Tribunal Supremo (TS) ha venido manteniendo el criterio de no considerar como encadenados, los contratos cuando exista una interrupción superior a veinte días –plazo de caducidad de la acción de despido- si bien, ha hecho excepción a dicha regla entre otras en Sentencia de 1997 en la que mantiene: “no obstante lo anterior… cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos en supuestos singulares y excepcionales en que se acredita una actuación empresarial en fraude de ley y al mismo tiempo la unidad esencial del vínculo contractual”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de julio de 2006 viene a aclarar la doctrina de nuestro TS. El Tribunal de Justicia decide en cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de las cláusulas 1 y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43), así como sobre el alcance de la obligación de interpretación conforme a la que están sometidos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
La sentencia mencionada, a la que han de acomodarse las resoluciones emanadas de los tribunales de los países miembros al tratarse una norma jerárquicamente superior, establece una serie de criterios en aras a que la utilización de los contratos de trabajo de duración determinada sucesivos se ajuste a unos requisitos estrictos, incluso en el sector público; haciéndose hincapié en que, en caso de adaptación tardía del Derecho interno a una directiva, la obligación general en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su Derecho interno de conformidad con la directiva nace únicamente a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a dicha directiva. El plazo límite establecido para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70/CE es el mes de julio de 2002. El órgano jurisdiccional nacional está sometido al cumplimiento de la Directiva incluso antes de que se produzca la adaptación del Derecho nacional a la misma; los estados miembros se encuentran obligados a garantizar el resultado exigido por el Derecho comunitario, artículo 249 párrafo tercero CE y artículo 2 párrafo primero de la Directiva 1999/70/CE. Esta Sentencia aclara notablemente la doctrina que viene siguiendo el Tribunal Supremo, dejando a un lado la interrupción entre contratos (más o menos de 20 días) para dar relevancia a la propia causa de la concatenación de la temporalidad, declarando que si no existe razón objetiva que la justifique, estaríamos sin duda ante una única relación laboral que une a empleado y empleador.
A partir de la fecha de entrada en vigor de una directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben abstenerse en la medida de lo posible de interpretar su Derecho interno de un modo que pueda comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta.
El Tribunal de Justicia afirma: “Procede recordar que, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 249 CE, párrafo tercero (véase, en particular, la sentencia de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑8835, apartado 113, y la jurisprudencia que allí se cita). Esta obligación de interpretación conforme concierne a todas las disposiciones del Derecho nacional, tanto anteriores como posteriores a la directiva de que se trate (véase, en particular, la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, apartado 8, y la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 115)”
Así, respecto del intervalo de los 20 días dice el TJUE: “resulta obligado hacer constar a este respecto que una disposición nacional que únicamente considera sucesivos los contratos de trabajo de duración determinada separados por un intervalo máximo de veinte días laborables puede comprometer el objeto, la finalidad y el efecto útil del Acuerdo marco”
La Directiva 1999/70, en su artículo 2 párrafo primero dice que, los Estados miembros deben adoptar «todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva.
Los Estados miembros responderán de los daños causados por la inaplicación de las normas comunitarias y también deberán hacerlo los Tribunales de Justicia, al respecto el Tribunal de Justicia en otra sentencia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-224/01 Köbler (asunto prejudicial) declaró que: “El principio según el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables también se aplica cuando la violación de que se trate se derive de una resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, si la norma de Derecho comunitario vulnerada tiene por objeto conferir derechos a los particulares, si la violación está suficientemente caracterizada y si existe una relación de causalidad directa entre dicha violación y el daño sufrido por las personas perjudicadas”.
Baldo