13 noviembre 2009

119. Empleo y cambio de cultura productiva

Ver a los líderes sindicales, -Fernández Toxo CCOO y Cándido Méndez UGT-. metidos en harina, haciendo planteamientos concretos y firmes, no puede menos que producirnos alegría. El pasotismo injustificado de los últimos tiempos causaba decepción; por contra, el posicionamiento valiente de Cándido Méndez ante el líder de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán más
proclive ahora a escuchar o, las propuestas cabales y certeras de Ignacio Fernández Toxo, permiten respirar hondo, más motivados ante un tiempo nuevo con visos de renovación.

Por fin, despierta la inquietud realista por dar verdadera solución a los problemas del mercado de trabajo, en conjunción con los cambios de cultura, ya sean referidos a las modalidades de empleo al uso, ya lo sean al modelo productivo propiamente dicho.
El anuncio, a modo de señuelo, planteado por la Vicepresidenta Elena Salgado, sobre la implantación de modelos normativos de otros países, en materia de contratación parcial, ha abierto un debate necesario, respecto de la busqueda de soluciones, con la acertada plática sosegada a que nos tiene acostumbrados la Ministra económica.

Un cambio de cultura, necesario sin duda alguna, habrá de ser precedido de un cambio normativo que haga posible la consolidación de los acuerdos al tiempo que marque de manera clara la transitoriedad de otras medidas. Es por tanto, llegado el momento de plantearse la tan manida reforma laboral, basada en un objetivo de modernidad en las relaciones laborales y como pilar de la reforma de modelo productivo, sin obviar la adecuada protección de los derechos de los trabajadores. Hacer una improvisación podría no tener las consecuencias deseadas, deben por tanto adoptarse medidas jurídicas bien consensuadas, incluso profesionalmente, contando con expertos laboralistas en su confección y en su puesta en práctica para ser certeros.

En los últimos años, ha habido una especialización concienzuda en la contratación temporal, quizás basada en la incertidumbre del empresariado frente a la indemnización por despido que consideran rígida y cara, aunque en realidad no resulte serlo tanto. Ahora bien, al lado de esa realidad existe otra, llamativa y casi incomprensible, de la que se habla poco por considerarse normal, se trata del sector público, también centrado en la contratación temporal, disponiendo de grandes bolsas de contratación para cubrir vacantes, vacaciones, excesos productivos y un largo etcétera de modalidades contractuales, adoptadas incluso por la propia Administración Pública.

Existen en el sector público empresarial varios ejemplos, empresas como Correos y Telégrafos con una plantilla ciertamente amplia, del orden de los 67.000 empleados actualmente, entre los que excepcionalmente también hay funcionarios públicos; empresa que cuenta con bolsas de contratación temporal y de fijos discontinuos también de consideración. Dada la situación actual, en la que se impone un cambio de cultura en diversas lineas del espectro laboral y empresarial, no estaría de más plantearse la posibilidad de un relevo generacional en las plantillas de estas empresas de titularidad pública y con capital integro del Estado; una manera de dar ejemplo, siendo los primeros en dar el paso renovador. La jubilación de 15.000 funcionarios en Correos que hayan cotizado lo suficiente para la percepción del cien por ciento de su pensión, a cambio del empleo de otros tantos empleados temporales que actualmente componen las bolsas de empleo eventual que disponen de preparación profesional, supondría una cualificada opción, tanto desde la perspectiva laboral como desde la económica.

Otro área, en la que resultaría interesante el cambio de cultura, referido a la prestación parcial de servicios, podría darse en el ámbito de cierto perfíl de los autónomos, dado que, en algunas actividades, previa la regulación al efecto de compatibilidades concretas respecto de la percepción de desempleo o, de pensiones, se abriría un filón de trabajo por cuenta propia que, al mismo tiempo cotizara parcialmente por la actividad desarrollada.

Los sindicatos y la patronal tienen la palabra. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez